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Jueves, 11 de julio de 2019 | Leída 86 veces
BARCELONA

Colau quiere cobrar a los vehículos para circular por Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona impulsará una batería de diez "medidas inmediatas" durante los próximos seis meses que, junto a la activación de la Zona de Bajas Emisiones el próximo 1 de enero de 2020, prevén una reducción de 210.000 toneladas de CO2, un 6% del total anual. Entre esas medidas destaca el pago de una tasa para circular por la ciudad…

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Lo ha explicado la teniente de alcalde de Ecología de Barcelona, Janet Sanz, antes de la constitución de la Mesa de Emergencia Climática, que ha presidido la alcaldesa, Ada Colau, y que tiene como objetivo elaborar los contenidos de la Declaración de Emergencia Climática de Barcelona, que entrará en vigor también el 1 de enero de 2020.

 

En declaraciones a la prensa tras su intervención en la constitución de la Mesa, Colau ha asegurado que trabajará para que el cambio estructural impregne todas las políticas municipales: "No podemos esperar más y Barcelona debe estar a la altura. No queremos un decreto 'fake' de emergencia climática, sino uno concreto, ambicioso y valiente".

 

El Ayuntamiento también contempla ampliar la capacidad del transporte público en grandes arterias: se habilitará un carril bus en la calle Aragón, la calle Carmen Amaya y el paseo Clavell, y se reducirá un carril de circulación en la calle Mallorca entre avenida Meridiana y Diagonal.

 

Se avanzará en las 'supermanzanas' de Sant Antoni, Horta, Sant Gervasi-La Bonanova y del Eixample, además de iniciar procesos participativos para impulsar nuevas, y se convertirá las calles Rocafort, Sicília, Ausiàs March, Compte Borrell, Gran de Gracia, paseo Joan de Borbó y paseo de Sant Joan en zonas 30.

 

También se mejorará la calidad del aire en 85 escuelas pacificando los alrededores; se estudiarán mecanismos fiscales; se extenderá la recogida de basura 'puerta a puerta'; se continuará con el plan para erradicar el plástico de un solo uso, se licitarán 30 proyectos de generación fotovoltaica, se obligará a tener energía renovable en nuevos equipamientos y se evaluará las partidas de inversión y gasto corriente en términos de reducción de CO2.

 

Plan de acción 2020-2025

El objetivo de la Mesa es impulsar el Plan de Acción 2020-2525 del Plan Clima, que permitirá llenar de contenido real a la emergencia climática para que no se convierta en una acción retórica sin ninguna efectividad, por lo que incluirá las políticas públicas y los mecanismos de control a implementar.

 

Sanz ha detallado que la Mesa celebrará su primera reunión en septiembre, y también ha dicho que en los próximos meses también se aprobará el nuevo Plan de Movilidad de Barcelona 2019-2024 y se instará al Govern a desplegar la Ley del Cambio Climático, en especial el Fondo Climático, las leyes de residuos y de calidad del aire.

 

Hasta finales de 2019 también se propondrá crear una mesa interinstitucional metropolitana con la Generalitat, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), el Puerto de Barcelona y el Aeropuerto de El Prat para pactar un paquete de actuaciones urgentes para hacer frente a la emergencia climática.

 

Ha detallado que el proceso de elaboración del Plan de Acción constará de tres fases: la constitución de la Mesa; el proceso de elaboración del Plan de Acción, que tendrá cuatro sesiones, y la Declaración de Emergencia Climática, puesta en marcha de medidas, seguimiento y rendición de cuentas.

 

Entidades ecologistas

Las entidades ecologistas Climacció, Families For Future Barcelona, Fridays For Future Barcelona, Moviment per la Justícia Climàtica y Rebel·lió o Extinció Barcelona han hecho llegar una carta a Colau este mismo miércoles para recordarle que las ciudades causan el 70% de las emisiones y que el Plan Clima Barcelona 2018-2030 es "claramente insuficiente".

 

En este sentido, han pedido siete medidas urgentes: parar la expansión de infraestructuras fósiles; poner un "peaje anticontaminación"; incrementar la generación de energía renovable; cerrar la incineradora pública Tersa; dejar de invertir en combustibles fósiles; apostar por la soberanía alimentaria, e implementar una política de comunicación y sensibilización para dar a conocer la situación de emergencia climática.

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