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Sábado, 2 de marzo de 2019 | Leída 35 veces

El alquiler no podrá subir más que el IPC durante el contrato y se amplía el plazo de preaviso para finalizarlo

El Consejo de Ministros ha aprobado ayer viernes un nuevo Real Decreto-ley en materia de vivienda y alquiler por el que se establece el IPC como tope del incremento para todos los contratos durante su vigencia y se aumenta el plazo para comunicar el fin del contrato: a partir de ahora será de dos meses para el inquilino y de cuatro meses para el arrendador...

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El nuevo decreto establece -como ya recogía el derogado por el Congreso- que los contratos tengan una duración de cinco años (siete si es una persona jurídica), que su prórroga tácita sea de tres años. Durante la prórroga obligatoria -esos cinco años- el propietario solo podrá recuperar la vivienda para sí o su familia si estaba expresamente recogido en el contrato cuando se firmó.

 

Queda fuera del decreto, sin embargo, la limitación de las subidas de rentas de alquiler. Fuentes del Ministerio de Fomento citadas por Efe han explicado que su inclusión en el decreto habría sido inconstitucional, al vulnerar el derecho de propiedad.

 

Lo que sí se hace es crear el sistema de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda en un plazo de ocho meses. La estadística -que podrán hacer Estado, comunidades autónomas y Ayuntamientos-, además de conocer mejor el mercado, podría servir de soporte a posibles medidas de política fiscal.

 

En este punto, el Gobierno da a ayuntamientos y regiones la posibilidad de que decidan su política de vivienda "de acuerdo con su marco fiscal".

 

Según la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la nueva regulación permite que puedan existir bonificaciones, fundamentalmente en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), para poder promocionar para quienes alquilan las viviendas y disponer de suficiente oferta.

 

Para lograr esto último también se establece el derecho de adquisición preferente por parte de las Administraciones Públicas en caso de venta conjunta del inmueble y se pide al Ministerio de Fomento que tome otras medidas en aras de aumentar esa oferta.

 

Se limita lo que el propietario puede pedir de fianza

Muchas de las medidas que están incluidas en el decreto aprobado este viernes ya se recogían en el anterior. Una de ellas es el límite a lo que el arrendador puede pedir de fianza: además del mes en curso se podrán exigir dos meses de renta (en la actualidad el aval o depósito que se puede exigir no tiene límite de cuantía).

Otra de las medidas que ya recogía el anterior decreto, y que vuelven a estar vigentes, es que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización deberán ser asumidos por el arrendador -siempre y cuando sea una persona jurídica-.

 

Además el decreto establece otras medidas para proteger a los inquilinos. Una de ellas es que el comprador de una vivienda que esté alquilada deba respetar el contrato esté o no inscrito en el Registro de la Propiedad, con lo que se vuelve a la legislación de 1994.

 

Novedoso también es que, en caso de fallecimiento del arrendatario, y siempre que haya situaciones de vulnerabilidad social -es decir, que en el inmueble vivan menores, personas con discapacidad o mayores de 65 años-, los familiares podrán continuar en el alquiler.

 

Los desahucios se paralizan tres meses si el propietario es una empresa

En materia de desahucios, el Real Decreto-ley establece que cuando haya una situación de vulnerabilidad el lanzamiento se pueda paralizar hasta un máximo de un mes -o tres si el propietario es una persona jurídica-.

 

Además, permite al afectado acudir al procedimiento de juicio verbal en caso de que se le reclamen menos de 6.000 euros. En cualquier caso, se clarifica la obligación de señalar día y hora del desahucio.

 

Sobre los alquileres turísticos, el decreto modifica la ley de propiedad horizontal para permitir que las comunidades de vecinos limiten o condicionen la actividad turística en sus edificios si lo aprueban por una mayoría cualificada de tres quintos. También podrán exigir que paguen hasta un 20% más gastos generales que el resto.

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