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Martes, 6 de noviembre de 2018 | Leída 15 veces
cambre

La información sobre las viviendas de la Patiña que trasladó la Xunta al Concello era “incorrecta” y supone un cambio total para el futuro de los vecinos

El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, tras una reunión con la dirección del Banco Santander ha corroborado que la información que le trasladó en una reunión celebrada en Santiago con el Instituto Galego de Vivenda y que hizo pública el delegado de la Xunta, Ovidio Rodeiro, no se ajustaba a la realidad…

En otra ocasión el primer teniente de alcalde, Juan Evaristo Rodríguez, acompañado de técnicas municipales y de vecinos afectados, se desplazó a la Xunta y la información sobre las viviendas fue la misma y sólo aludían a posibles soluciones sobre realojos sin conocer que estas viviendas estaban todavía protegidas y que no se podían vender.

 

La Xunta aseguro en los medios de comunicación que “consiguieron renovar los contratos por tres años a pesar de que las viviendas ya no son de protección oficial”. Al Concello en dos ocasiones y a los vecinos les informó de que el bloque de viviendas de A Patiña ya no cumplía el régimen de Protección Oficial y, por tanto, ya podían ser objeto de venta por parte del Banco Santander, que según los vecinos y vecinas de A Patiña, les había señalado por carta la decisión de no renovar sus alquileres. El propio delegado de la Xunta Ovidio Rodeiro se jactaba de haber conseguido una solución por tres años cuando en realidad no tenía ni idea de que los vecinos tienen derecho a estar hasta el 2027.

 

El alcalde lamenta que desde el 9 de octubre se solicitó el expediente a la Xunta de A Patiña y a día de hoy todavía no ha llegado nada al Concello. “Es curioso que el Banco Santander tarde tres días en enviarnos este documento y la Xunta tras un mes de espera todavía no nos haya hecho llegar este expediente”.

 

Ahora, tras la reunión con la directiva del Banco Santander el alcalde ha comprobado que las viviendas gozan de Protección Oficial hasta el 2027, ya que en 1997 se acordó la calificación definitiva de estas viviendas como de Protección Oficial durante 30 años.

 

Esto da un giro radical a las negociaciones y reivindicaciones de Gobierno local y vecinos puesto que con el documento que posee el Concello, remitido por la entidad bancaria, la propietaria del edificio tiene la obligación de renovar el alquiler a sus inquilinos por la misma cuantía, excepto a los inquilinos con rentas más altas que no cumplan con los requisitos que establece la ley para tener derecho a esa tipología de viviendas por su renta per capita.  

 

El alcalde exige responsabilidades a la Xunta de Galicia, al Instituto de Vivenda por la nefasta gestión de este problema en el que tiene sobradas competencias. “Era tan sencillo como no ocultar que este bloque de viviendas era todavía régimen de Protección Oficial”

 

“No es de recibo que la Xunta saque un comunicado diciendo que han acordado con el Banco Santander una moratoria de tres años cuando en realidad los inquilinos tienen derechos, como mínimo hasta el 2027. Esto demuestra que la gestión de la administración autonómica ha sido nefasta, teniendo en vilo a los vecinos y vendiendo una posible moratoria cuando en realidad los vecinos tenían derecho a nueve años más en este régimen”.

 

Por otro lado, de lo que no informó la Xunta y que es de obligado cumplimiento es que las familias tienen derecho a tanteo sobre sus alquileres.

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