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Miércoles, 30 de mayo de 2018 | Leída 81 veces

Los trabajadores desplazados a otro país de la UE cobrarán igual sueldo que los empleados locales

El pleno del Parlamento Europeo (PE) ha votado a favor de que los trabajadores desplazados temporalmente a otro país de la Unión Europea (UE) deban beneficiarse de las mismas condiciones y cobrar el mismo sueldo que los trabajadores locales con el mismo empleo. La legislación salió adelante con 456 votos a favor, 147 en contra y 49 abstenciones...

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La iniciativa plantea que se apliquen a los trabajadores desplazados todas las normas salariales de los países de acogida, tanto las fijadas en leyes como en convenios colectivos regionales o sectoriales "representativos", precisó el PE en un comunicado. Hasta el momento, los convenios solo se habían tenido en cuenta en el campo de la construcción.

 

Además, los gastos de viaje, manutención y alojamiento deberá pagarlos el empleador y no podrán descontarse del sueldo del trabajador. Las empresas también estarán obligadas a garantizar que las condiciones del alojamiento sean "decentes" y acordes a las normas nacionales.

 

En cuanto a la duración del desplazamiento, deberá prolongarse como máximo hasta un año, con la posibilidad de extenderla seis meses más. Tras ese tiempo, el empleado podrá permanecer y trabajar en el Estado miembro en el que se encontraba, pero se le aplicará toda la legislación laboral del país al que se ha trasladado.

 

Dos años para que los países apliquen la normativa

En el caso de los desplazamientos fraudulentos como los realizados por firmas buzón, es decir, por filiales deslocalizadas, los Estados miembros tendrán que cooperar para garantizar que los empleados son protegidos, al menos, por las condiciones de la directiva aprobada este martes en el pleno del Parlamento.

 

En el sector de los transportes, uno de los puntos más conflictivos durante las negociaciones, seguirá aplicándose la regulación anterior, de 1996, hasta la entrada en vigor de la legislación específica de ese ámbito incluida en el paquete de movilidad.

 

Los países del club comunitario tendrán ahora dos años para introducir estas normas en sus legislaciones nacionales y deberán aplicarlas antes de la conclusión de ese plazo. Según indicó la Eurocámara, en 2016 había 2,3 millones de asalariados desplazados en la UE y estos aumentaron un 69 % entre 2010 y 2016.

 

"¡Tras 27 meses, lo hemos conseguido! Esta directiva revisada ayudará a mejorar las condiciones de los trabajadores al mismo tiempo que se asegura una competencia más justa entre las compañías europeas", declaró en un comunicado la ponente del Partido Popular, la eurodiputada francesa Elisabeth Morin-Chartier.

 

Su homóloga en el grupo socialista, Agnes Jongerius, calificó el voto positivo de "gran logro" y de "importante paso hacia la creación de una Europa social que protege a los trabajadores e impide a las empresas participar en una carrera hacia el mínimo común denominador".

 

La comisaria europea de Empleo afirma que cerrará "brechas" entre el sur y el norte

Durante el debate previo a la votación, el parlamentario del PSOE Javi López afirmó que la actualización de la directiva pretende proteger a los trabajadores desplazados y "prevenir la competencia desleal" porque "se había convertido en un mecanismo para el abuso y la explotación y que podía distorsionar, a veces, el conjunto del mercado laboral".

 

Mientras tanto, la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, admitió en una rueda de prensa tras la aprobación de la reforma que ha sido una tarea difícil y que hubo quien incluso habló de una misión "kamikaze".

 

"Pero lo conseguimos porque trabajamos muy duro y trabajamos todo el tiempo de un modo constructivo juntos", destacó, para a continuación subrayar la importancia de reducir las "brechas" entre norte y sur y este y oeste de la Unión Europea.

 

En cuanto a la secretaria confederal de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC), Liina Carr, manifestó su alegría dado que "al fin" se ha logrado Justicia para los trabajadores desplazados. En marzo, la Eurocámara, el Consejo (los Estados miembros) y la Comisión Europea (CE) ya cerraron un acuerdo provisional sobre la directiva y en abril los países confirmaron su apoyo al texto.

 

La actual normativa, de 1996, permite que las empresas paguen a trabajadores desplazados, mayoritariamente de países del Este, un salario que no supere el sueldo mínimo del Estado de acogida, lo que genera diferencias con los trabajadores locales.

 

La revisión de las normas se ha prolongado durante años por la falta de consenso, ya que mientras algunos países apoyaban la reforma propuesta, como Francia, Alemania, Italia u Holanda, otros tenían reticencias, como España, Portugal, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria-

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