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Miércoles, 31 de enero de 2018 | Leída 31 veces

Aqualia alega a favor de la nulidad por “error informático” de la sentencia que le ordena pagar 12,8 millones de euros

La multinacional plantea en sus alegaciones variaciones jurídicas en su favor que parecen destinadas a ser la base de una nueva sentencia que corrija a la enviada el pasado 10 de enero. El juzgado contencioso número 4 también ha aceptado a trámite las alegaciones del ayuntamiento de Arteixo contra la efectividad de la nulidad de la sentencia del pasado 10 de enero por “error informático”…

La responsable del juzgado contencioso/administrativo número 4, Rosa Agrasso Barbeito, acaba de aceptar a trámite las alegaciones del ayuntamiento de Arteixo en contra de la providencia que anula por “error informático” la sentencia del pasado 10 de enero que obliga a Aqualia a indemnizar con 12,8 millones de euros a la administración pública por su mala gestión del saneamiento y abastecimiento municipal entre los años 2005 y 2013.

 

La jueza también ha recibido las alegaciones de Aqualia a favor de la nulidad por “error informático” de la sentencia que le ordena pagar 12,8 millones de euros. La multinacional plantea en sus alegaciones variaciones jurídicas en su favor que parecen destinadas a ser la base de una nueva sentencia que corrija la enviada el pasado 10 de enero. Entre las razones en las que Aqualia se apoya para decir que es correcto calificar a la sentencia de “borrador primigenio enviado por error informático” se encuentra un caso que la multinacional ha encontrado en la audiencia provincial de Murcia en el año 2003. En esa ocasión un juzgado anuló una sentencia debido a un error informático, pero en esa ocasión sí que se había trasladado por error un borrador que carecía de coherencia textual, tampoco tenía motivaciones jurídicas, estaba incompleto en su redacción y que claramente se veía que era un documento de trabajo; mientras que la sentencia que se pretende anular de Arteixo es perfectamente coherente, tanto en su redacción como en sus motivaciones jurídicas a lo largo de ochenta páginas. En otras partes de sus alegaciones Aqualia presenta además una serie de alegatos jurídicos rechazados por la anterior sentencia y que ahora pretenden que sean aceptados por el juzgado contencioso número 4.

 

Antecedentes

La juez responsable del juzgado contencioso administrativo número 4, Rosa Agrasso Barbeito, notificó el pasado 16 de enero al concello de Arteixo una providencia en la que pretende anular la sentencia notificada al municipio el pasdado 10 de enero, y que obligaba a Aqualia a indemnizar con 12,8 millones al concello de Arteixo por la mala gestión que la empresa privada llevó a cabo en el ayuntamiento. La jueza señala ahora  que “por error informático ” se notificó a las partes en fecha 10 de enero un “primigenio borrador” y no la sentencia por lo que procede “tramitar la nulidad de la sentencia (borrador) notificado”. También añade la jueza que “se deja en suspenso la eficacia de la sentencia”.

 

El concello de Arteixo presentó unas alegaciones y un recurso de reposición ante el juzgado número 4 en contra de la anulación de la sentencia señalando que la providencia que pretende anular la sentencia notificada el 10 de enero vulnera las leyes procesales que regulan la nulidad de sentencias. También recuerda el recurso presentado por el concello de Arteixo que están en juego “fondos públicos de elevadísima cuantía” y que se debe evitar “la vulneración de la tutela judicial efectiva”. Por todo ello pide que no se admita la providencia que establece la nulidad de la sentencia comunicada a las partes el pasado 10 de enero.

 

En esa sentencia, el juzgado contencioso-administrativo número cuatro decretaba que Aqualia tenía que pagar al concello de Arteixo un total de 12,8 millones de euros en concepto de indemnización por la gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento que llevó a cabo entre los años 2005 y 2013, año en el que el gobierno de Carlos Calvelo municipalizó el servicio al detectar graves incumplimientos por parte de la empresa privada dependiente de Fomento de Construcciones y Contratas. El equipo de abogados de Aqualia perseguía conseguir una sentencia judicial que rechazase las tesis del concello de Arteixo, que había constatado por medio de varias auditorías técnicas y financieras las responsabilidades que tenía Aqualia en el mal estado del servicio de agua.

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