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Viernes, 26 de enero de 2018 | Leída 32 veces

El juzgado número 4 intenta anular la sentencia que condena a Aqualia a pagar 12,8 millones de euros esgrimiendo que se trató de un “error informático”

El concello de Arteixo alega en contra de una providencia de la jueza responsable del juzgado número 4 en la que se afirma que la sentencia de 85 páginas notificada el pasado 10 de enero al ayuntamiento no es válida por tratarse de un “error informático”. El concello de Arteixo vería así reducida su indemnización de 12,8 millones de euros a 12,3 millones de euros…

La juez responsable del juzgado contencioso administrativo número 4, Rosa Agrasso Barbeito, notificó el pasado 16 de enero al concello de Arteixo una providencia en la que pretende anular la sentencia notificada al municipio el pasdado 10 de enero, y que obligaba a Aqualia a indemnizar con 12,8 millones al concello de Arteixo por la mala gestión que la empresa privada llevó a cabo en el ayuntamiento. La jueza señala ahora  que “por error informático ” se notificó a las partes en fecha 10 de enero un “primigenio borrador” y no la sentencia por lo que procede “tramitar la nulidad de la sentencia (borrador) notificado”.

 

También añade la jueza que “se deja en suspenso la eficacia de la sentencia”. La jueza señala que la sentencia anulada entra en contradicción con una sentencia que fue notificada el día 12 de enero (dos días de después de la sentencia que condenaba a pagar a Aqualia 12,8 millones a Arteixo) en un apartado concreto: la condena a Aqualia del pago de los 542.000 euros que costaron los rellenos del depósito de Pastoriza cuando el municipio se vio obligado a rellenar con cisternas el principal depósito de Arteixo para que el concello no se quedase sin agua. Esta nueva sentencia reduciría así el montante de la indemnización de Aqualia, que pasaría de ser condenada a pagar 12,8 millones de euros a que tuviese que abonar 12,3 millones.

 

El concello de Arteixo acaba de presentar unas alegaciones y un recurso de reposición ante el juzgado número 4 en contra de la anulación de la sentencia señalando que la providencia que pretende anular la sentencia notificada el 10 de enero vulnera las leyes procesales que regulan la nulidad de sentencias. También recuerda el recurso presentado por el concello de Arteixo que están en juego “fondos públicos de elevadísima cuantía” y que se debe evitar “la vulneración de la tutela judicial efectiva”. Por todo ello pide que no se admita la providencia que establece la nulidad de la sentencia comunicada a las partes el pasado 10 de enero.

 

En esa sentencia, el juzgado contencioso-administrativo número cuatro  decretaba que Aqualia tenía que pagar al concello de Arteixo un total de 12,8 millones de euros en concepto de indemnización por la gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento que llevó a cabo entre los años 2005 y 2013, año en el que el gobierno de Carlos Calvelo municipalizó el servicio al detectar graves incumplimientos por parte de la empresa privada dependiente de Fomento de Construcciones y Contratas.

 

El equipo de abogados de Aqualia perseguía conseguir una sentencia judicial que rechazase las tesis del concello de Arteixo, que había constatado por medio de varias auditorías técnicas y financieras las responsabilidades que tenía Aqualia en el mal estado del servicio de agua. La sentencia explica que Aqualia debe pagar 2,6 millones por el incumplimiento del plan de inversiones durante los ocho años que prestó el servicio; 8,7 millones de euros por la reducción del valor patrimonial de la red, es decir, la falta de mantenimiento en la red de tuberías y depósitos de Arteixo; 2,8 millones por el impago de la compra de agua que Aqualia dejó de abonar a Emalcsa durante años; 542.000 euros por los gastos de relleno de agua en el depósito de Pastoriza en los años 2012 y 2013 -cuantía corregida y anulada en una sentencia notificada el 12 de enero.

 

Dos días después de la primera sentencia-; y 111.000 euros por los gastos que asumió el concello al intervenir y municipalizar la gestión de agua en el 2013. Estas cifras sumarían cerca de 14,9 millones de euros, a los que habría que descontar los 2,1 millones que el ayuntamiento cobró en concepto de canon cuando Aqualia se adjudicó el contrato en el 2005. El resultado serían 12,8 millones de euros que el juzgado estimaba que debía cobrar el concello en concepto de indemnización. Los juzgados ya habían decretado un aval de 14 millones de euros de forma cautelar para que la empresa pudiera hacer frente a posibles indemnizaciones como la que después le exigía el juzgado número 4 y ahora pretende anular.

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