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Jueves, 21 de diciembre de 2017 | Leída 30 veces

La justicia europea sentencia que Uber es un servicio de transporte, por lo que tiene que cumplir las normas del sector

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado ayer miércoles que la plataforma estadounidense Uber es un servicio de transporte al que se puede exigir el cumplimiento de todas las normativas de ese sector, incluida la posesión de una licencia. Se rechaza así que, como defiende la empresa, se trate de un servicio online o mixto, que puede beneficiarse de las normas de servicios de la sociedad de la iInformación, menos restrictivas que las anteriores...

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"El Tribunal de Justicia estima que debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte y, por lo tanto, que no responde a la calificación de 'servicio de la sociedad de la información', sino a la de 'servicio en el ámbito de los transportes'", según indica el TJUE en su pronunciamiento.

 

Consecuencias para otros servicios parecidos

El tribunal con sede en Luxemburgo se ha pronunciado da así la razón al sector del taxi en el litigio que enfrenta en los juzgados de Barcelona a Uber con la Asociación Profesional Élite Taxi, una agrupación de taxistas de la Ciudad Condal que acusó desde 2014 a la empresa estadounidense de prácticas engañosas y competencia desleal por su servicio UberPop.

 

Así, el bufete de abogados responsable de la demanda de Élite Taxi contra Uber considera que esta sentencia tiene implicaciones legales también para otros negocios de la economía colaborativa.

 

En un comunicado, el despacho de abogados afirma que el pronunciamiento del TJUE tiene "una gran trascendencia jurídica", no sólo por las implicaciones legales sobre el modelo de negocio Uberpop, sino también porque se pueden sacar conclusiones extrapolables a otros negocios "que siguen intentando eludir las responsabilidades legales propias del servicio que se presta".

 

Uber cree que no afectará a sus operaciones en la UE

Por contra, Uber cree que la resolución judicial no tendrá una repercusión inmediata en sus operaciones en la UE, ya que en estos momentos está funcionando bajo leyes locales de transporte y ya ha dejado de utilizar aplicaciones como UberPop, que operaban sin licencia.

 

"Como ha dicho nuestro nuevo consejero delegado, es adecuado regular servicios como los de Uber y, por eso, continuaremos el diálogo con las ciudades en toda Europa. Este es el enfoque que tomaremos para asegurar que cualquiera pueda conseguir un servicio fiable al apretar un botón", ha señalado la plataforma en un comunicado.

 

Por su parte, Unauto VTC, la mayor organización representativa del sector del alquiler de vehículos con conductor en España, ha coincidido con Uber en que la sentencia no cambia "absolutamente nada".

 

Su presidente, Eduardo Martín Gómez de Villalba, ha explicado que la resolución se refiere al servicio UberPop, que operaba con conductores no profesionales y que está cerrado desde hace tres años y por el que la multinacional estadounidense pidió perdón en su momento.

 

Según Martín, el TJUE dice que el servicio se tiene que hacer con conductores profesionales a través de taxi o con licencia de VTC (alquiler de vehículo con conductor) y así es como opera la multinacional desde su vuelta a España. Actualmente, Uber opera con autorizaciones VTC y "cumple perfectamente la normativa vigente en España", ha concluido.

 

Los taxistas piden inspecciones de los servicios de Uber desde 2014

Sin embargo, desde el sector denunciante, los taxistas, se ha solicitado a la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña que inspeccionen los servicios prestados por Uber en esas autonomías desde 2014 -fecha en la que Élite Taxi presentó la denuncia- para determinar si contaban con autorización para realizar servicios de transporte.

 

Fedetaxi, principal patronal del gremio, calcula que en caso de que la compañía no contara con esta autorización, los gobiernos autonómicos deberían incoar expedientes sancionadores que podrían acarrear multas totales de hasta 5.000 millones de euros en función de los servicios prestados por la firma desde entonces.

 

"Si los gobiernos autonómicos actúan como deben, la elusión fiscal y la precariedad que estas compañías hubieran podido practicar tendría un efecto cero en la economía nacional, lo que además supondría un mensaje para todas las multinacionales de la falsa economía colaborativa", ha indicado el presidente de Fedetaxi, Miguel Angel Leal, en un comunicado.

 

Los Estados deben regular el sector

El pronunciamiento del TJUE determina que la actividad de Uber puede ser regulada por las autoridades de un Estado o de una ciudad de la UE como si se tratara de un servicio de taxi tradicional y, por tanto, tener obligaciones en materia de licencias y seguros.

 

Sobre este punto, la Corte europea recuerda que los servicios de transporte no colectivos no han sido regulados por normas comunes en la Unión Europea, por lo que son los Estados -o otras autoridades como los municipios o las regiones- los que deben "regular las condiciones de prestación de servicios de intermediación como los controvertidos en el litigio principal, siempre que se respeten las normas generales" de la UE.

 

El Tribunal de Justicia considera que el servicio prestado por Uber no se limita a un servicio de intermediación que pone en contacto a un conductor no profesional que utiliza su propio vehículo con una persona que desea realizar un desplazamiento urbano, sino que crea una oferta de servicios de transporte urbano, que hace accesible mediante herramientas informáticas.

 

Así, según el pronunciamiento de la Corte, la aplicación que proporciona Uber es indispensable tanto para los conductores como para las personas que desean realizar un desplazamiento urbano.

 

Uber fija precios y ejerce control de calidad de vehículos y conductores

Además, destaca que Uber ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores. Así, continúa el pronunciamiento concido este miércoles, "establece al menos el precio máximo de la carrera, que recibe este precio del cliente para después abonar una parte al conductor no profesional del vehículo, y ejerce cierto control sobre la calidad de los vehículos, así como sobre la idoneidad y el comportamiento de los conductores, lo que en su caso puede entrañar la exclusión de éstos.

 

La resolución de este miércoles coincide con las conclusiones sobre el caso publicadas en mayo pasado por uno de los abogados generales del TJUE, quien señaló que, pese a ser un "concepto innovador", la plataforma digital pertenece al ámbito del transporte.

 

Entre sus claves, el abogado general del TJUE destacaba también que Uber controla los elementos económicos relevantes en el servicio de transporte urbano, desde los criterios que se imponen a los conductores, hasta la política de precios, pasando por compensaciones a los conductores que hagan más carreras o admitan más flexibilidad en sus tarifas.

 

Además descartaba que Uber ofrezca un servicio de vehículo compartido, porque son los pasajeros los que deciden el destino y los conductores cobran un importe que "excede ampliamente" el mero rembolso de los gastos.

 

Así, concluía el abogado general, Uber "no se beneficia del principio de libre prestación de servicios" que la normas comunitarias garantizan al campo de la sociedad de la información.

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